Secuelas del genocidio y la guerra

El SIDA en las mujeres de Ruanda y Burundi

Secuelas del genocidio y la guerra

 

Los homicidios, torturas y violaciones cometidos durante 1994 en Ruanda constituyen una de las peores tragedias de derechos humanos del siglo XX.

 

Un genocidio que tuvo lugar en el contexto del conflicto que enfrentó a las fuerzas gubernamentales ruandesas, hutus, y el grupo tutsi, Frente Patriótico Ruandés (FPR), hoy en el gobierno. Como resultado de este enfrentamiento, aproximadamente 1 millón de ruandeses fueron asesinados. El FPR subió al poder tras su victoria militar en 1994 y ratificó su permanencia en el gobierno en las elecciones de 2003.

Paralelamente, en estos últimos 10 años en Burundi se desarrolla un conflicto armado en el que ya han muerto cerca de 300.000 personas, la mayoría civiles en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos políticos armados de oposición.

En ambos países se han producido desplazamientos de cientos de miles de personas a lugares supuestamente más seguros dentro del país o a países vecinos donde se extienden y se complican los conflictos armados como es el caso de la República Democrática del Congo, donde existen grupos armados apoyados por Ruanda y Burundi, algunos de los cuales se disputan las minas de columbita y tantalio, minerales necesarios para las industrias de las nuevas tecnologías.

La comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en los conflictos de esta región de los Grandes Lagos tanto por los intereses que allí se juegan en cuanto a la explotación de los recursos naturales como por la omisión de su responsabilidad en el control del tráfico de armas y en evitar el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en el año 1994.

En abril de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció su responsabilidad por no haber evitado el genocidio y lo definió como “un fracaso de las Naciones Unidas en su conjunto”. Efectivamente las tropas de las Naciones Unidas se retiraron de las zonas de las matanzas en los primeros días del conflicto.

El motivo de preocupación de la comunidad internacional respecto a estos países debería ser hoy las secuelas de ese genocidio y de la guerra posterior al mismo en Ruanda y de la guerra aún en curso de Burundi. Dentro de estas secuelas adquieren especial dimensión las que afectan a los eslabones más débiles de la sociedad: las mujeres y los niños.

Todas las partes beligerantes en estos dos países han empleado la violencia sexual contra las mujeres como un arma bélica para aterrorizar a la población civil, degradar y humillar. En Ruanda son responsables de estas violaciones las fuerzas armadas que durante el genocidio respondían al Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo y su aliado, la Coalición para la Defensa de la República, ambos hutus, pero también utilizaron sistemáticamente la violación como arma de guerra el Frente Patriótico Ruandés, tutsi, que conquistó el poder después del genocidio. En Burundi la mayor parte de los responsables son miembros de las fuerzas armadas burundesas, grupos políticos armados de oposición y bandas delictivas armadas.

En 1996 un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimaba entre 250.000 y 500.000 las mujeres que fueron violadas durante el genocidio de Ruanda, una cifra extrapolada del número de embarazos que hubo a consecuencia de las violaciones. La Asociación de Viudas del Genocidio (AVEGA), estimaba que el 70% de las mujeres que sobrevivieron contrajeron SIDA y el 80% permanecen “severamente traumatizadas”. En 2003, las ONG de derechos humanos y ayuda humanitaria nacionales e internacionales y los organismos internacionales informaron de un aumento alarmante del número de casos de violaciones de mujeres en el conflicto armado de Burundi. El SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual ha afectado a las víctimas de tales violaciones.

La inmensa mayoría de los violadores, ya sean soldados gubernamentales, miembros de los grupos políticos armados de oposición o particulares no han comparecido ante la justicia y raramente son perseguidos o juzgados.

Muchas de las mujeres violadas en estos 10 últimos años murieron y solamente unas pocas recibieron tratamiento retroviral prolongado. La mayoría no ha tenido acceso a alimentos suficientes para ellas y sus familias. A todo lo anterior se suma la estigmatización que sufren por haber sido violadas y haber contraído el virus del SIDA: son vistas como “inmorales” e “improductivas”. Incluso en sus propias familias son tratadas, muchas veces, con el mismo desdén porque se considera, falsamente, que todos los miembros portan el SIDA.

La enfermedad, la pobreza y la marginación de estas mujeres las vuelven vulnerables a todo tipo de abusos incluida la violación sexual. Sus hijos también son vulnerables y tienen dificultades para conseguir alimentos o acudir a la escuela. Cuando quedan huérfanos tiene dificultades para reclamar sus derechos y herencias quedando muchas veces sin cobijo y sin protección contra la violencia. Además, es sabido que todos los grupos armados reclutan niños para sus milicias.

Estas condiciones dramáticas de las mujeres en Ruanda y Burundi se inscriben en un contexto de empobrecimiento generalizado como consecuencia de la guerra. La población es incapaz de pagar un tratamiento adecuado para paliar los efectos del SIDA. Los servicios públicos de salud cuentan con pocos médicos, escasa dotación y hay poblaciones que viven alejadas de los mismos o en zonas de conflicto.

Por sorprendente que pueda parecer, estos países son objeto de presión por parte de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que limiten la atención médica gratuita. En 2002, coincidiendo con el momento en que la población de Burundi estaba más necesitada de atención médica adecuada asequible, el gobierno del país estableció una política de recuperación de costes en los centros de salud, es decir, los pacientes tenían que pagar los servicios médicos proporcionados. Si no fuera por la ayuda de las organizaciones humanitarias muchos habitantes de Burundi y Ruanda no tendrían acceso a ningún tipo de servicios.

La dejación de responsabilidades de la comunidad internacional en la zona de los Grandes Lagos durante el genocidio y las guerras en estos últimos 10 años puede agravarse si se desentiende de las secuelas que persisten y que afectan sobre todo a las cientos de miles de mujeres violadas y portadoras de VIH sin que puedan tener acceso al tratamiento gratuito retroviral.

La observación general 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica claramente la obligación contraída por los Estados Partes en el Pacto de “reconocer el papel fundamental de la cooperación internacional y cumplir su compromiso de adoptar medidas conjuntas o individuales para la plena efectividad al derecho a la salud. A este respecto, se remite a los Estados Partes a la Declaración de Alma Ata, que proclama que la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países ricos y los países pobres, así como dentro de cada país es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común a todos los países… Análogamente, los Estados parte tienen la obligación de velar porque sus acciones, en cuanto miembros de organizaciones internacionales, tengan debidamente en cuenta el derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados Partes que sean miembros de instituciones financieras internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones.

Más allá de los programas de cooperación a los que obligan los pactos internacionales, la comunidad internacional debería estar con la frágil situación de las mujeres de Ruanda y Burundi, víctimas de la guerra y la injusticia.

 

Juan Lucas (*)

Agencia de Información Solidaria

24 de mayo de 2004

 

 

(*) Presidente de Amnistía Internacional en España

Mujeres en Ruanda

mujeres y el genocidio en Ruanda: lo que no se dice

Diciembre 2004

Por Françoise Nduwimana, Historiadora, consultora en Derechos Humanos y Desarrollo Internacional, e integrante de la Coalicion por los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto

El genocidio, la violación y la infección por VIH han condenado a estas mujeres a una muerte segura. Las llamamos “sobrevivientes” cuando en verdad sus muertes fueron apenas demoradas.


Las victimas del genocidio en Ruanda no murieron todas durante los 100 días en que tuvieron lugar la mayoría de los asesinatos. Diez años después de la masacre de unas/os estimadas/os 800.000 tutsis y hutu de la oposición, el genocidio continúa llevándose vidas. Lenta, dolorosa y aun así casi invisiblemente, miles de mujeres ruandesas están sucumbiendo al VIH/SIDA que contrajeron al ser violadas.

El genocidio, la violación y la infección por VIH han condenado a estas mujeres a una muerte segura. Las llamamos “sobrevivientes” cuando en verdad sus muertes fueron apenas demoradas. Al recordar este año el genocidio de Ruanda, resulta más que apropiado tener en cuenta a las que sobrevivieron sólo para morir otro día.

Genocidio, violacion y SIDA

El 29 de enero de 1996, un informe de la ONU reveló la extensión de la violencia sexual cometida durante el genocidio afirmando que la violación se utilizó en forma sistemática como un arma de guerra, que ella era la regla, que su ausencia era la excepción y que las mujeres violadas fueron entre 250.000 y 500.000. El informe también sostuvo que “… los milicianos portadores (de VIH) lo usaron como un ‘arma’, con la intención de provocar de ese modo muertes que tendrían lugar más tarde”.

Estudios posteriores que se centraron exclusivamente en la violencia contra las mujeres echaron más luz sobre la naturaleza, extensión, consecuencias y perpetradores de violación y de otras atrocidades físicas sufridas por las mujeres. Si bien admite que es difícil comprobar con certeza que el VIH se transmitió mediante la violación, un informe de Human Rights Watch/Fédération internationale des ligues des droits de l’homme afirma “Pese a todo, es seguro que algunas mujeres sufrieron la infección con el virus como resultado de haber sido violadas”.

Basándose en el testimonio de víctimas como Jeanne, que fue violada por un hombre que claramente le dijo “Tengo SIDA y quiero dártelo a ti”, Radhika Coomaraswamy -ex Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres- sostiene que “muchas mujeres como Jeanne han sobrevivido al genocidio pero están infectadas con el SIDA”.

La devastación causada por el SIDA entre las víctimas de violación indica que la violación se utilizó para transmitir la enfermedad. Un estudio de AVEGA-AGAHOZO publicado en diciembre de 1999, informa que el 66,7% de las víctimas de violencia física y de violación son (hoy) VIH positivas.

Lecciones para aprender

A las mujeres tutsi se las estereotipó y se las estigmatizó a causa de su género. El tabloide Kangura, de amplia circulación, les atribuyó de manera abusiva destrezas sexuales y caracterizó a las mujeres tutsis como una amenaza para la homogeneidad de la descendencia hutu. Descriptas como objetos de tentación para los hombres hutus, las mujeres tutsis fueron utilizadas como preludio al llamamiento por la unidad étnica hutu. Esta clase de fijación sexual sienta las bases para el odio étnico basado en una idea de lo femenino reducida a connotaciones puramente sexuales. Cuando se analiza esa idea desde la perspectiva de la imaginación ruandesa, surgen dos puntos en conflicto entrte sí.

El primero de estos puntos es el reconocimiento no tácito de que las mujeres tienen el poder de dar a luz. El segundo surge del término “Nyampinga”, que se refiere a las mujeres como ciudadanas privadas de identidad étnica. Al ser Ruanda una sociedad patriarcal, el linaje se transmite a través de los hombres.

El punto fundamental a clarificar radica en las contradicciones inherentes a la condición de Nyampinga. Si las mujeres no tuvieran etnia, no las habrían odiado tanto. ¿Cómo explicamos el miedo de ver a hombres hutus casándose con mujeres tutsis? ¿Cómo explicamos que a las mujeres hutus que se casaron con hombres tutsis se las llamó traidoras a la causa hutu y fueron violadas bajo el disfraz de una venganza política? El desafío al que ahora se enfrentan el pueblo y los líderes de Ruanda no es el de negar que existen grupos étnicos específicos sino más bien el de dejar de utilizar la etnia como fundamento de la discriminación y la exclusión.

El tema del VIH/SIDA también debe ser analizado teniendo en cuenta esta misma perspectiva: la de primero destruir a las mujeres para así aniquilar toda posible descendencia. En las mentes de quienes son responsables por el genocidio, la transmisión del VIH/SIDA fue un arma de tres puntas. Una mujer violada e infectada con el virus se convertía en una fuente potencial de transmisión para cualquier compañero sexual que pudiera tener en el futuro; ella luego daría a luz niñas/os cuyas posibilidades de sobrevivencia serían de casi cero; y eventualmente ella misma moriría, tras haber dejado a su paso una estela de muertes.

¿Respuestas?

La inclusión del VIH/SIDA como consecuencia de la violación cometida durante el genocidio cambia nuestra percepción de la justicia, dado que sin acceso al tratamiento las sobrevivientes están condenadas a morir. Aunque el precio mensual de los tratamientos antiretrovirales es 200 veces menor en 2004 (US$ 30) de lo que era en 1999 (US$ 6.000) esos tratamientos siguen estando fuera del alcance de las personas sin ingresos.

La mayoría de las mujeres que viven con VIH/SIDA son indigentes. El ingreso mensual de las que trabajan en la agricultura se estima en menos de US$ 10. El programa nacional de triple terapia actualmente tiene una capacidad máxima de 7.000 pacientes, lo que significa que la mayoría de las mujeres tienen pocas posibilidades de acceder a él.

Hay una necesidad urgente de establecer mecanismos para la justicia y la rehabilitación social dentro de este contexto social y económico. Estas mujeres se infectaron con el VIH precisamente en el marco del genocidio, y la naturaleza de ese acto (la infección) es inequívocamente criminal.

Estas víctimas condenan en forma unánime el hecho de que se les haya negado justicia. Estas mujeres han preguntado por qué el TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda) alimenta y cuida a los responsables del genocidio mientras a ellas se las deja morir ante la completa indiferencia del Tribunal.

Ellas han exigido que el TPIR le dedique más atención a los crímenes de género y a sus consecuencias. Las Reglas de Prueba y Procedimiento del TPIR lo autorizan a brindar rehabilitación física y psicológica a testigos y víctimas. Por lo tanto, estas mujeres piden que el Tribunal adopte una política acerca del acceso de víctimas y testigos a tratamientos antiretrovirales y cuidados relacionados.

Esta situación urgente debería ser también una preocupación para las organizaciones internacionales de solidaridad. Se necesita una estrategia más activa y coordinada para apoyar a las víctimas en la lucha contra el SIDA. Las víctimas de violación y VIH/SIDA tienen el derecho de prolongar su esperanza de vida mediante el acceso a tratamientos.

Este es el precio que debe pagarse para que la sobrevivencia tenga sentido. Este es el precio que debe pagarse para que las asociaciones de mujeres que atienden a víctimas de violación y a las infectadas con el VIH -como la Asociación Duhozanye, en Cyangugu- no se vean obligadas a repartir sus magros recursos entre los costos de internación y la compra de ataúdes. Sólo 22 de las 30 miembras fundadoras de la asociación están todavía con vida. El año pasado murieron ocho. Sí, fueron víctimas del SIDA pero, primero y por encima de todo, fueron víctimas de genocidio.

Extraída de LIBERTAS (Boletín de Derechos & Democracia) | Volumen 14 Número 02